Ayer víctimas de la guerra interna entregaron miles de cartas donde exigen reparaciones individuales al Ministro de Justicia por los daños que sufrieron. Cuando quisieron hacer lo mismo en Palacio de Gobierno el presidente Ollanta Humala nunca apareció y la policía los botó de la Plaza de Armas.

La guerra interna en el Perú, que duró desde 1980 hasta el año 2000, dejó según la Comisión de la Verdad y Reconciliación cerca a 70 000 personas muertas. Además muchas personas fueron maltratadas, violadas, otras huyeron de sus casas, quedaron con alguna discapacidad, perdieron a sus papás, mamás, hermanos, hijos, tíos.

Todas estas personas son víctimas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero también de algunos militares, policías y autoridades del Estado que creyeron que la violencia solo se podía combatir con más violencia.

Y ayer, como parte de la campaña “Firmes con la reconciliación”, pobladores de Ayacucho, Puno, Ancash y otras regiones, participaron del foro “Políticas de reparación, balance y compromisos”, donde le entregaron al Viceministro de Justicia más de 12 mil cartas.

En ellas exigen que se continúe el registro para identificar a todas las víctimas de la guerra y que continúe la entrega de reparaciones individuales. Las reparaciones individuales son las formas en que el Estado debe ayudar a las victimas una por una, por ejemplo, entregándoles dinero para seguir tratamientos sicológicos o para sobrellevar alguna discapacidad; entre otras.

Después del foro, caminaron hacía Palacio de Gobierno con la idea de darle las cartas de reclamo al presidente Humala, pero fueron detenidos por la policía sin que lograran hablar con él.

Y es que hasta ahora los peruanos que sufrieron la época del terrorismo y la dictadura -en su gran mayoría indígenas y pobladores en extrema pobreza- no encuentran justicia ni se les da el valor que como país debemos darle.

Indigna demasiado que el año pasado, durante el gobierno de Alan García, se cerró el Registro Único de Víctimas -un espacio que tenía la obligación de encontrar a todas las víctimas de la guerra- cuando hasta ahora hay un montón de peruanos que buscan se les reconozcan estos derechos. Cuando el registro fue cerrado, se habían reconocido a casi a 100 mil víctimas, más de 19 mil muertos y más de 6 desaparecidos.

Y encima la entrega de reparaciones fue detenida el 12 de diciembre del 2011 porque la encargada de la comisión que las entregaba renunció, y hasta ahora no se nombra a su reemplazo. Nada ha cambiado desde que el presidente Humala llegó al poder.

Es una lástima que el desprecio por las personas que sufrieron de cerca el dolor de la guerra interna siga a pesar de que el actual gobierno se comprometió a atenderlas. ¿Cómo se puede encontrar reconciliación si no se ayuda a encontrar justicia a estos peruanos que merecen tener una vida digna como cualquiera de nosotros?

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