Más de 3 000 familiares de las víctimas de la violencia en el Perú han fallecido sin recibir el pago que les corresponde. Una norma hace difícil que las víctimas y sus familiares reciban este dinero.

Celestino Caso Huamaní perdió a su esposa en 1987. Ella fue asesinada por los terroristas de Sendero Luminoso. Y si bien nada le devolverá a su esposa, él estaba en la lista de beneficiarios del pago que el Estado debe hacer a los familiares de los fallecidos y desaparecidos de la época de violencia en el Perú. Pero Celestino falleció y el Estado nunca le pagó los 10 mil soles que le correspondían.

Y a pesar de que hizo todos los papeleos respectivos para acceder al pago y su hijo explicó su situación de salud ante las autoridades, nadie le hizo caso. Ahora no se sabe a dónde irá a parar el dinero que le correspondía a este agricultor huancavelicano.

Así como Celestino, hay más de 3 000 personas que han fallecido sin recibir el pago que por justicia les corresponde. Y es que el Estado tiene la obligación de reparar a Celestino y muchos otros familiares y víctimas porque no cumplió su labor de protegerlos en medio de la violencia. Muchos peruanos dedicaron tiempo de sus vidas y dinero para encontrar a sus familiares asesinados y desaparecidos, por eso una de las formas de reparación es la económica.

Las trabas de la ley

Una norma que se aprobó en junio del año pasado, cuando Alan García aún era presidente, dice que para que los familiares reciban el pago, deben tener más de 65 años -en el caso de haber perdido a su esposo o esposa- y más de 80 en el caso de haber perdido a un hijo o hija.

Pero no solo los familiares tienen que esperar por la culpa de este decreto. Las víctimas también tienen que esperar a tener 65 años para cobrar. Así, Vanessa Quiroga Carbajal, que perdió una de sus piernas en el atentado en la calle Tarata en Miraflores cuando era una niña, tendrá que esperar mucho tiempo. Ella recién tiene 23 años.

Otro de los requisitos es que los familiares y las víctimas deben ser pobres. Como si el pago fuera un favor del Estado, cuando es su deber.

Por eso el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, dijo que el decreto se modificaría en marzo pasado, pero aún nadie ha cambiado nada. El presidente Humala también prometió que este año se utilizarían 100 millones de soles para pagar estas reparaciones pero hasta ahora el dinero no se utiliza.

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